Por José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Los titulares de prensa en cada reunión, foro o congreso de algún sector productivo daban cuenta de que la cacareada nueva APP del Río Magdalena sería adjudicada a mediados de este año, otros hablaban del segundo semestre, pero al final nada de lo anunciado será cierto por ahora.

Contrario a lo comunicado por funcionarios del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, o por el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, el proyecto de inversión para la navegabilidad del río Magdalena luce embolatado, lento e incierto al juzgar por el trámite de la licitación publicado en el sistema de contratación Secop.

El proceso licitatorio, con una inversión recortada a 1,3 billones de pesos, comenzó el 31 de octubre del año pasado con una invitación a la preclasificación de contratistas.

El objetivo es crear una lista inicial de inversionistas interesados en el contrato, cuyo objeto es una concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada que, por su cuenta y riesgo, diseñe, construya, financie, opere, conserve, mantenga y garantice la navegabilidad del río Magdalena, entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, mediante obras de encauzamiento, dragados u otras que el concesionario considere, además del monitoreo y la señalización del canal navegable.

Este plan ha sido anunciado como la panacea de la navegabilidad fluvial del país, pero sufrió su primera frustración durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por el escándalo de corrupción de Odebrecth, socia con Valorcón en la concesión de Navelena.

De acuerdo con el cronograma inicial del actual proceso, la preclasificación debía durar cuatro meses y quedaría definida el 28 de febrero de 2020, en una audiencia citada por la ANI para las 10 de la mañana. Pasó el tiempo y no hubo listado ni preclasificados. Según las reglas de juego, debían ser mínimo dos y máximo diez los escogidos.

Pese al difuso trámite del proceso licitatorio, los anuncios locuaces no paraban. Aparecían más titulares de prensa, radio y televisión sobre que todo iba bien, que la estructuración financiera estaba en marcha, que el Banco Interamericano de Desarrollo sería el posible financiador, etc.

Sin embargo, lo único cierto era que en el Secop, una y otra vez, aplazaban, extendían y modificaban la audiencia para los preclasificados.

El 13 diciembre de 2019 la ANI anunció que modificaba la audiencia de conformación del listado para el 14 de abril de 2020; después, el 27 de febrero, que sería el 10 de julio y luego, el 20 abril, anunció que la lista debe conformarse el 1 de septiembre.

Es decir, los cinco meses de licitación de la cacareada APP solo han servicio para aplazar seis meses el primero de los procesos con la preclasificación. “¿Cuántas firmas han manifestado interés, hasta el momento, para participar en el proceso clasificatorio? ¿Ha faltado difusión o información para motivar a las grandes compañías de ingeniería?”, se pregunta un asesor portuario metido en el proceso.

Paralelamente a lo publicado en el Secop, donde los últimos tres documentos han sido solo las notificaciones de aplazamientos de la audiencia preclasificatoria, en la Agencia Nacional de Infraestructura estaba abierto el Cuarto de Datos de la APP, que era público, pero hoy su acceso está restringido.

“En ese Cuarto de Datos había una serie de informaciones viejas que, poco o nada, contribuían al proceso; estudios del año 2000, batimetrías de tramos del Río en los que, al parecer, no llegará esta inversión. En fin, algo sorprendente”, aseguró un consultor portuario.

Sostuvo que del Cuarto de Datos, extrañamente, desaparecieron los estudios ambientales del Instituto Von Humboldt, recién anunciados; también los dos primeros estudios que la Universidad del Norte había entregado y hasta los adelantos del cuestionado estudio de mejoramiento del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, contratado por el Invías.

“No fue posible encontrar información sobre el proceso de contratación ni los prepliegos”, manifestó una de las fuentes consultadas.

Al margen, surgen otras inquietudes. ¿Cuál es la lista definitiva de obras entre Barrancabermeja y Barranquilla; adicionarán los 258 kilómetros de Barrancabermeja a La Dorada como reclama varias gobernaciones del interior del país; cuál será la inversión final; cuál es el cronograma luego de la preclasificación; cuál es el plan para demoler el viejo puente Pumarejo y habilitar el canal hasta Puerto Pimsa, kilómetro 38, o Palmar de Varela, kilómetro 51?

En la frustrada APP adjudicada a Navelena salpicada por el escándalo Odebrecht, proceso a cargo del ex director de Cormagdalena Augusto García Rodríguez, el contrato fue firmado tras 14 meses de licitación. (Del escándalo Odebrecht lo último que se supo fue que la fiscal Amparo Cerón, quien investigaba el caso, denunció, en su renuncia irrevocable, que había recibido presiones para que cerrara el caso Navelena, petición a la que no accedió).

De manera que, lejos de los anuncios que han creado falsas expectativas para llenar titulares de prensa, lo cierto es que la nueva APP del Río está lejos de ser adjudicada. No será este año, teniendo en cuenta que la preclasificación de contratistas será en septiembre, si es que no la vuelven a aplazar; después la licitación debe seguir su curso y se necesitan otros trámites gubernamentales, como la aprobación del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

¿El Gobierno Nacional tiene disponibles los 1,3 billones de pesos para esta concesión o será que Covid-19 mata APP?